En la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
La reforma de la Ley de Extranjería, ha pasado el trámite de las enmiendas a la totalidad en el Congreso. Con ella, el Gobierno pretende crear un nuevo marco jurídico para el desarrollo de una política migratoria sostenible. Celestino Corbacho, ministro del ramo, ha reconocido la importancia del fenómeno "inmigratorio". En sólo diez años, de 800.000 residentes extranjeros a 4,5 millones. Se hace necesaria una nueva regulación que, de paso, incorpore las políticas de inmigración a la agenda europea como marco más adecuado para ofrecer soluciones globales. Por ello es por lo que este texto traspone una larga lista de Directivas europeas, desde la que regula la residencia de larga duración hasta la que trata la residencia de los investigadores, o el retorno de personas que se hallan en situación irregular.
Han surgido voces críticas con este proyecto de ley. Para algunos se produce una colisión entre el modelo migratorio liderado por la UE y la defensa de los derechos humanos. La coordinadora de ONGs observa aspectos graves en cuanto a retroceso en derechos como la negación del empadronamiento a los migrantes en situación irregular o los obstáculos al acceso a los servicios sociales y sanitarios básicos. Pero la realidad es bien distinta porque la norma cuya andadura se inicia ahora en la cámara baja incorpora a nuestro marco legislativo derechos fundamentales que fueron negados en la ley 4/2000. Recordamos que la reforma de la Ley de Extranjería abordada por el PP tras su victoria electoral por mayoría absoluta en marzo de 2000, negó a los inmigrantes irregulares derechos fundamentales que posteriormente el Tribunal Constitucional reconoció –derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación, huelga, educación y asistencia jurídica gratuita-.
Creo, por el contrario, que la actual reforma garantiza el ejercicio de esos derechos fundamentales. Y que lo hace además estableciendo un marco legal claro, que señala condiciones para la entrada, que apuesta por la regularidad y la integración, que pone en sintonía a las personas y a sus expectativas con la sociedad receptora o de acogida. Es cierto que el tema se presta a la demagogia fácil para quienes desean sembrar el miedo al diferente, al extraño. Ante quienes se atreven a culpabilizar a los inmigrantes de buena parte de los males de nuestra sociedad hay que hacer un esfuerzo para desmontar la mentira. Se trata de invalidar el discurso del conflicto como lo están realizando las organizaciones y movimientos contra la intolerancia. Podemos construir una buena convivencia y lograr la cohesión social sobre la base del respeto a la norma democrática. Y aún nos queda el trámite parlamentario, donde tendremos ocasión de mejorar el texto incorporando enmiendas de los grupos políticos y de todas aquellas organizaciones que desean hacer oir su voz.
De una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración.
Con esta reforma, el Gobierno pretende pasar de una Ley de extranjería a una Ley de inmigración; de un enfoque centrado en procesos administrativos a un enfoque integral que permita desarrollar una política migratoria sostenible e integradora.
Todo ello, en un marco normativo coherente con la legislación europea común y con la Constitución española, que ofrezca un escenario estable de seguridad jurídica.
Los objetivos que persigue esta reforma son:
1. Garantizar los derechos fundamentales que pertenecen a todas las personas por el hecho de serlo, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
2. Construir el acceso progresivo a otros derechos a partir de la residencia legal, y que se verán paulatinamente reforzados hasta alcanzar la residencia de larga duración.
3. Perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada basado en las necesidades reales del mercado de trabajo.
4. Favorecer las oportunidades de integración de los inmigrantes dotando de medios suficientes a las Administraciones encargadas de desarrollar las políticas.
5. Aumentar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular, previniendo las llegadas de inmigración clandestina y agilizando las repatriaciones.
A estas razones de fondo se suman las necesarias adaptaciones de la ley a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la transposición de las diferentes Directivas europeas ya mencionadas.
Algunos cambios destacables.
La reforma aborda cambios en la reagrupación familiar como cauce legal de entrada, con el objetivo de potenciar la sostenibilidad del sistema. Las reformas se basan en priorizar la familia nuclear. Para ello: Se abre la reagrupación familiar a las parejas de hecho, exigiendo las garantías necesarias para probar la realidad de la relación. Hasta ahora, la pareja no se podía reagrupar
El cónyuge y los hijos menores reagrupados que tengan más de 16 años podrán acceder al mercado laboral desde su llegada a España sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.
En la vigente ley, los menores reagrupados con edad laboral no podían trabajar.
Se mantiene la posibilidad de reagrupación de los padres y las madres, aunque se exige que el reagrupante disfrute de una residencia estable, de larga duración. Además, se establece como norma general que el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años, aunque se tendrán en cuenta razones humanitarias para permitirla con una edad inferior.
El proyecto de ley incorpora la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la lucha contra la trata de de seres humanos. Asimismo, contempla una serie de mejoras en el ámbito de la lucha contra la inmigración irregular que persiguen profundizar en la prevención a través de la mejora de los controles fronterizos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación, de acuerdo con las Directivas europeas, y mejorar las garantías en las distintas situaciones. Entre ellas: La creación de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país, a efectos de control de su periodo de permanencia en España.
En los procedimientos de repatriación, se aumenta el período de internamiento de 40 a 60 días –
-muy lejos de los 18 meses que de forma excepcional permite la directiva europea- , pero se incorporan nuevas garantías a los mismos como : permitir la entrada de las ONG a los Centros de Internamiento, crear la figura del regreso voluntario, un periodo de entre 7 y 30 días para que se abandone voluntariamente España. Reducir a 5 años el periodo máximo de prohibición de entrada (la ley actual prevé 10 años), modulando ese periodo de acuerdo con las circunstancias de a persona repatriada. También se prevén nuevas infracciones como los matrimonios de conveniencia, o el falseamiento de los datos del padrón, con la finalidad de evitar el “sobreempadronamiento” de viviendas (los llamados “pisos patera”), y el tráfico entre particulares de falsos empadronamientos con el propósito de obtener los beneficios reales o futuros que puede otorgarles nuestro sistema.
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